Una nueva tormenta política se dio por el pulso entre el presidente Gustavo Petro y el Consejo de Estado. Lo que comenzó como un cruce de decisiones y declaraciones, el mandatario lo ha transformado en un choque frontal, donde las palabras “censura”, “golpe blando” y “persecución” ya hacen parte de su léxico habitual.El 11 abril, el alto tribunal, a través de un fallo, restringe la transmisión de los consejos de ministros en canales privados y fue el último eslabón en una cadena de decisiones judiciales que han incomodado al jefe de Estado.Sin embargo, el presidente Gustavo Petro anunció el 17 de abril que el próximo consejo de ministros será transmitido en cadena nacional por todos los canales de televisión. La decisión se da en el contexto de la declaratoria de emergencia por fiebre amarilla, una medida que ha generado diversas reacciones jurídicas y políticas.El abogado penalista Fabio Humar explicó que, a diferencia de las alocuciones presidenciales anteriores —que no eran consideradas eventos extraordinarios—, en este caso se trataría de una situación distinta debido a la emergencia sanitaria.“Hay una declaratoria de emergencia, justificada o no, por la fiebre amarilla. Eso haría que desaparecieran los argumentos que dio el Consejo de Estado ante los tutelantes. En este caso sería distinto por ser en el marco de una emergencia de salud pública”, señaló.Registro del último consejo de ministros televisado. Foto:Andrea PuentesEn respuesta al fallo, Petro ha lanzado duros señalamientos contra esa alta corte con señalamientos de un “golpe blando” y denuncia un intento de “aniquilar” su bancada en el Congreso.La decisión se basó en el derecho al pluralismo informativo y al acceso libre a la televisión, al considerar que el uso de canales privados para transmitir esas reuniones gubernamentales podría restringir la diversidad de contenidos disponibles para los televidentes.Para el presidente Petro, esta decisión equivale a una censura que atenta contra su derecho a comunicarse con el pueblo. En la otra orilla, para el Consejo de Estado, no hay censura alguna: el presidente puede seguir transmitiendo sus alocuciones, pero no puede imponer su señal en canales privados.“No se le ha prohibido hablar solo se le ha recordado que no puede hacerlo utilizando recursos ajenos a la institucionalidad pública”, dijo en entrevista con EL TIEMPO el presidente del alto tribunal, Luis Alberto Álvarez,Otro punto álgido ha sido la pérdida de personerías jurídicas de partidos afines al gobierno como Fuerza Ciudadana, Soy porque somos o Independientes, decisión adoptada por la Sección Quinta del Consejo de Estado. Petro ha denunciado que estas anulaciones responden a un intento de “diezmar” al Pacto Histórico y limitar su capacidad electoral.El presidente del Consejo de Estado, sin embargo, argumenta que simplemente ha aplicado el artículo 108 de la Constitución, que exige un umbral mínimo de votos para conservar la personería.Roy Barreras en el Senado. Foto:Archivo particularEl alto tribunal también le dio ‘muerte política’ a Alexander López Maya, Roy Barreras Montealegre y César Pachón, quienes perdieron sus curules por incurrir en doble militancia.Tras dejar el Congreso, los tres fueron vinculados al Gobierno de Gustavo Petro: López asumió durante un año la dirección del Departamento Nacional de Planeación; Barreras fue designado como embajador en el Reino Unido; y Pachón fue nombrado presidente de la Agencia de Desarrollo Rural.En la más reciente decisión, se le quitó la curul a la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Mary Anne Perdomo, por la indebida destinación de dineros públicos en la contratación de una integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Además, enfrentará un juicio en la Corte Suprema por los mismos hechos.Similarmente, cuando el Consejo resolvió el conflicto de competencias entre el CNE y la Comisión de Acusaciones, determinando que el CNE puede investigar al presidente por temas de financiación pero no sancionarlo, Petro vio allí un intento de allanar el camino a un juicio en su contra, con el apoyo —dijo— de magistrados del Consejo.Palacio de Justicia, sede de las altas Cortes. Foto:Jesús BlanquicetPara abogados como Hollman Ibáñez, la actuación del Consejo ha sido “proporcional y acertada”. La sentencia sobre las transmisiones, sostiene, “impide la instrumentalización de los medios privados por parte del Ejecutivo y protege el pluralismo”. En un país con historial de hegemonía mediática, esta decisión refuerza el control sobre el uso del espectro por parte del poder público.El constitucionalista Kenneth Burbano señala que el origen de esta tensión es estructural. El decreto 333 de 2021 —expedido en el gobierno Duque— asignó al Consejo de Estado como único juez de tutela para el presidente, lo que centraliza y visibiliza más las decisiones judiciales en su contra. “La controversia continuará —dice—, pero lo que debe mantenerse es la independencia judicial y la colaboración armónica entre ramas”.Otros, como Luis Guillermo Pérez, exsuperintendente de subsidio familiar del gobierno de Gustavo Petro, son más críticos. Considera que algunas decisiones han afectado innecesariamente “el derecho de información de millones de personas para defender el derecho a ‘no estar informada’ de una ciudadana, afectando el principio de publicidad de la gestión pública, la transparencia y derecho de la ciudadanía a conocer las decisiones que los afectan en el goce de sus derechos”.Último consejo de ministros televisado. Foto:Presidencia de la RepúblicaEl analista Juan Manuel Charry plantea que hay fallos que pueden discutirse, como limitar una emisión televisiva en nombre del derecho de una persona, sacrificando el derecho de miles a estar informados.Para la abogada Jenny Astaiza, más que persecución, hay una justicia firme: “El Consejo de Estado conserva sus decisiones, revisa con detenimiento cada asunto y actúa igual para el presidente, para mí, o para cualquiera”.En esa línea, se ubican exmagistrados consultados por este diario quienes recuerdan que en un Estado constitucional los jueces tienen el deber de ejercer controles, incluso si eso incomoda al gobierno de turno. “El Gobierno no tiene derechos como los ciudadanos, tiene deberes”, dice.Aunque algunos fallos del Consejo de Estado han tocado nervios políticos sensibles, el presidente del alto tribunal coincide en que se ha actuado dentro del marco constitucional. “No podemos hablar de censura como lo ha expresado en su cuenta de X, ni tampoco que buscamos ‘la destrucción del gobierno progresista’, pues la corporación que represento no obedece a ideologías, ni falla atendiendo intereses subalternos, como se ha pretendido insinuar”, sentenció.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.comMás noticias: