‘Quién es quién en las mentiras’ deforma la verdad desde y reprime a la prensa crítica: Tribunal

La creación de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana” y su implementación impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador durante sus conferencias matutinas, viola diversos derechos humanos y principios constitucionales, resolvió el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito .La resolución, derivada del amparo en revisión 135/2024 promovido por el periodista Raymundo Riva Palacios que denunció acoso y estigmatización desde el púlpito presidencial, sostiene que la orden de instaurar dicha sección careció de fundamento legal, reglas claras y parámetros objetivos.Según el criterio jurídico establecido, esta omisión vulnera los derechos a la legalidad, a la libertad de prensa, de expresión y de información, consagrados en los artículos 6º, 7º, 16, 39 y 40 de la Constitución mexicana.Foto: Archivo CuartoscuroUna plataforma de propaganda, no de informaciónEl tribunal calificó la sección como un “sistema de propaganda gubernamental posfactual”, al señalar que ha sido utilizada para desacreditar de manera unilateral a periodistas críticos del gobierno.El espacio, lejos de promover el acceso objetivo a la información, ha operado —según el fallo— como una herramienta para imponer una “verdad oficial”, distorsionar hechos, reprimir la crítica y fomentar la polarización social.El órgano judicial destacó que se emplearon recursos públicos para sostener esta sección sin un sustento normativo, lo cual contraviene no solo el marco constitucional mexicano, sino también estándares internacionales en materia de derechos humanos.Foto: Archivo CuartoscuroEn particular, se citó el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2022, que ya había advertido sobre el uso de la comunicación oficial como medio de estigmatización contra la prensa.“La creación de la sección referida sin un mandamiento escrito con parámetros de actuación, límites precisos y reglas objetivas previas dio lugar a un sistema de propaganda gubernamental posfactual que deforma la verdad desde el poder, reprime a la prensa crítica e impide a la ciudadanía el acceso a la información en condiciones de objetividad y neutralidad” dice la tesis del tribunal.Riesgos para la democracia y la libertad de expresiónLa sentencia advierte que la práctica denunciada fomenta la censura indirecta, daña el derecho a la réplica y erosiona el debate público libre e informado, elementos fundamentales para el funcionamiento de una sociedad democrática.Asimismo, subraya que, si bien el Ejecutivo puede establecer mecanismos de comunicación social, estos deben regirse por principios pluralistas, respetar el derecho a disentir y no ser utilizados como mecanismos de castigo político o desinformación.Foto: Archivo CuartoscuroEl fallo fue aprobado por unanimidad, aunque con reservas del magistrado Salvador Alvarado López respecto a las consideraciones. El ponente fue el magistrado Fernando Silva García, y el secretario del tribunal fue José Sebastián Gómez Sámano.