El 9 de abril, en la Plaza Bolívar se reunieron en mención del Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas instituciones estatales, líderes sociales y víctimas del conflicto armado para contar su historia.La jornada fue organizada por la Unidad para las Víctimas, el Centro Nacional de Memoria Histórica y otras entidades. Algo que quedó claro en el evento es que la distancia entre los anuncios institucionales y la realidad de quienes han padecido el conflicto armado en el país sigue siendo profunda.Avances que se anuncian, vacíos que se venEn la conmemoración, Lyda Camacho, subdirectora general de la Unidad para las Víctimas, ocupó el lugar de Gloria Cuartas, quien no asistió al evento. Expuso lo que calificó como una “intervención histórica”: desde abril de 2024 se han priorizado 106. 337 víctimas para indemnización, de las cuales un 62% ya recibió pago. El compromiso es que el resto sea atendido antes de que termine 2025.Lyda Camacho Gualdrón es la subdirectora general de la Unidad para las Víctimas Foto:DANNA FIGUEROASin embargo, Maria del Pilar Vásquez, desplazada de Arauca, no se ve reflejada en ese porcentaje. Su madre fue asesinada por paramilitares en 2004. “Ya hay sentencia. Se demostró que hubo complicidad del estado, pero no ha pasado nada. Seguimos esperando justicia y reparación, llevamos 21 años en eso”, cuenta con tristeza y desesperanza reflejada en sus ojos. Hoy vive en Bogotá con sus hermanas, todas madres, todas aún sin respuesta.Víctimas del conflicto armado llevan años esperando respuestas Foto:DANNA FIGUEROAEmprendimientos y la lucha por sobrevivirEntre las múltiples actividades desarrolladas en la Plaza Bolívar destacaron los puestos en la feria que ofrecían productos elaborados por victimas del conflicto armado.Los emprendimientos surgidos como respuesta a la adversidad se mostraron como ejemplos de resiliencia, aunque también pusieron en relieve la falta de apoyo por parte del estado.Yaneth Solís Duarte, representante de la Asociación Agroecológica Frutiorgania, explicó cómo su grupo, conformado principalmente por mujeres víctimas, ha logrado avanzar al sello “Colombia Destinos de Paz”, emitido por el Ministerio de Comercio. “Con ese sello, hemos logrado acceder a acompañamiento técnico y comentar y conectar con cadenas de valor en el sector turístico, lo que nos ha permitido ampliar nuestros mercados”, indicó Yaneth.Este avance se suma a la entrega de más de 500 sellos en el país, en los cuales 288 pertenecen a organizaciones integradas por víctimas. El proyecto, que tiene como objetivo articular la producción agroalimentaria con el sector del turismo es aplaudido con un paso más para los actores involucrados dentro del conflicto. Sin embargo, su alcance se ve limitado cuando se escuchan las otras historias.María Luz Mila, desplazada desde Risaralda hace ya 24 años, expuso su realidad mientras mostraba los collares y pulseras que vende para sobrevivir. “Nosotros no hemos recibido ningún apoyo. Cada día es una lucha por conseguir lo básico. No se trata de tener ferias para decorar, sino de garantizar los derechos fundamentales como la salud y la vivienda” afirmó. Contrastando con la visibilidad que otorga el sello, el relato de María Luz evidenció la brecha entre los programas piloto y la cobertura real entre tantos casos.María Luz Mila, vende accesorios hechos a mano para poder sobrevivir Foto:DANNA FIGUEROAMemoria histórica: acciones y retosOtra de las intervenciones de la jornada se realizó en el área destinada a las acciones de memoria. Ana María Cuesta, directora del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, destacó la importancia de vincular elementos cotidianos a una narrativa de resistencia y recordación. “No basta con actos simbólicos. La memoria debe ser política y construir un puente entre lo que vivimos y lo que queremos para el futuro”.Pese a eso, el compromiso de conservar las memorias se contrapuso con las denuncias de colectivos que apuntaron a la repetición de viejos errores. Ana López, representante del colectivo Arquitectura Expandida, recordó el caso de dos jóvenes líderes ambientales asesinados en Bosa en 2024. “Durante años se hicieron advertencias formales y se levantaron actos, pero la respuesta del estado fue mínima. Hoy, el parque que ocurrieron estos hechos sigue deteriorándose, y la protección de nuestras comunidades es insuficiente”, puntualizó.El relato de la representante, que no es directamente por grupos armados, sino de violencia y narcotráfico sirvió para subrayar que, mientras se elaboran nuevas políticas de memoria, en el terreno se evidencian miles de situaciones que evidencian el apoyo estructural.Reparación con enfoque diferencial y sus límitesUno de los pilares de la reparación integral es el enfoque diferencial, destinado a entender las distintas necesidades específicas de los grupos afectados por el conflicto. Las cifras oficiales demuestran que se han implementado metodologías especiales para más de un millón de niños y víctimas. También se han elaborado 20 planes concertados con comunidades étnicas en regiones como Chocó y el Pacífico. Esto se traduce en esfuerzos por reconocer y garantizar los derechos de poblaciones que históricamente han sido marginadas.Pero esa visión se enfrenta a la cruda experiencia de quienes se mantienen en el sistema de reparación. Luis Valverde, exdocente y contador de Tumaco, quien hoy dirige la empresa KOKIS, relató que su emprendimiento, que emplea a mujeres mayores de 50 años ha sido fruto de la iniciativa propia de su comunidad. “Nos aventuramos solos, creamos una empresa a partir del único recurso que teníamos: nuestra experiencia y esfuerzo. Los programas estatales se anuncian, pero la implementación en el terreno es un calvario de burocracia”.El emprendimiento KOKIS nació tras el desplazamiento e impulsa a más personas Foto:DANNA FIGUEROAEsta contradicción—entre el anuncio oficial de inclusión y la evidencia de exclusión en las vivencias de las personas—solo muestra que la reparación integral está expuesta a desafíos que aún deben seguirse trabajando.Compromisos legislativos y la urgencia del cambioEl comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad se hizo presente en la jornada con una intervención de crítica y el llamado a acelerar reformas Wilson Castañeda, uno de sus representantes, expuso tres vacíos fundamentales: la ausencia de programas enfocados en las victimas que viven en el exilio, la debilitación del componente territorial en la nueva ley de victimas y la falta de avances en aspectos legislativos relacionados con el acceso a la salud y otros derechos básicos.Castañeda le dijo a EL TIEMPO “tenemos un mandato en el que el Gobierno y el Congreso deben sentarse a tomar decisiones puntuales. La reparación no puede quedarse en cifras y actos simbólicos cada 9 de abril. Es urgente que se implementen políticas que aseguren condiciones de vida dignas para aquellos que han sufrido la violencia”.La crítica legislativa se suma al testimonio de otros actores del evento, que señalaron que las medidas anunciadas –aunque cuestionadas en montos y proyectos—no llegan a transformar la realidad en barrios y regiones donde la violencia sigue siendo una amenaza constante.En áreas como el Catatumbo, por ejemplo, se atendieron más de 12.000 casos recientes por situaciones de emergencia humanitaria, pero la estructura para sostener una reparación integral es aún frágil.Conexión entre el territorio y las voces regionalesAunque la jornada se concentró en la capital, se vio la necesidad de ayuda escucha en otros territorios. En el Catatumbo, regiones de Cauca y zonas del Caribe, la reparación y la atención a las víctimas se encuentran en un estado de vulnerabilidad.Luis Valverde subrayó que, mientras en la feria se exhibían casos de éxito—como el de frutiorgania o el sello “Colombia Destinos de Paz”—la mayoría de los desplazados en regiones fronterizas apenas cuentan con ayudas mínimas y apoyos puntuales. “En mi experiencia, lo que se ha logrado en algunas zonas, no se replica en todas. Las víctimas en el Catatumbo, por ejemplo, necesitan una presencia constante del Estado, algo que hoy sigue siendo muy insuficiente”, dijo.Colectivo Arquitectura Expandida, liderado por Ana López Foto:DANNA FIGUEROATestimonios que ilustran la realidadEntre los testimonios que marcaron la jornada, el relato de Jorge Lozano de Jorge Lozano, llamó la atención. Es líder indígena y ha sufrido cinco desplazamientos forzados. Le dijo a este medio “la ayuda que recibimos es mínima, una suma que poco cuenta cuando el Estado sigue fallando en garantizar derechos básicos. Nos prometen reparación, pero lo que nos falta es tierra, vivienda y oportunidades para rehacer lo perdido”. Su voz fue acompañada por la de otros lideres que recordaron las heridas abiertas y la urgencia de políticas públicas que no se limiten a números en una planilla.Por otro lado, la intervención de Ana López, del colectivo Arquitectura Expandida, puso en el centro el caso de jóvenes y comunidades urbanas en riesgo. “El asesinato de dos líderes ambientales en Bosa hace ocho meses nos muestra que las advertencias se repiten, y mientras tanto, el Estado parece no tener capacidad para responder de manera oportuna y efectiva”, denunció. Este llamado de atención se sumó a la crítica global sobre la desconexión entre la agenda institucional y los sectores más vulnerables.Los organizadores hicieron énfasis en la necesidad de que la reparación adquiera un enfoque no solo simbólico, sino verdaderamente estructural. “La reparación no es caridad ni un simple gesto conmemorativo. Es el reconocimiento de una verdad histórica y la garantía de que futuras generaciones no sufran lo mismo”, dijeron desde la Unidad para las Víctimas.TAMBIÉN PUEDE VER:Colombia en 5 minutos Foto:el tiempoDANNA VALERIA FIGUEROA RUEDAESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO