El exgobernador de Magdalena, Ómar Ricardo Díazgranados Velásquez, fue condenado a 10 años de cárcel por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos. Se le vincula a la captación ilegal orquestada por la pirámide de David Murcia Guzmán, DMG.Según la investigación del alto tribunal, “Díazgranados Velásquez recibió dinero y bienes en especie —como elementos publicitarios para su campaña electoral— provenientes de David Murcia, a pesar de saber que estos tenían su origen en actividades ilícitas”.Esta financiación, de acuerdo con su expediente, se dio en el marco de su candidatura a la Gobernación del Magdalena para el periodo 2008-2011. Habría acordado con el líder de la captadora recibir dineros que contribuyeran a su elección, “a cambio de la adjudicación de contratos a favor de empresas vinculadas con ese ‘holding’”.Esta alianza criminal, dice la Corte, se mantuvo posteriormente como gobernador electo y en ejercicio. El agravante del delito se configuró al comprobarse que dicho aporte electoral “tuvo como propósito contribuir a las actividades a las actividades ilegales de lavado de activos que, para esa época, realizaba DMG mediante una red multinacional destinada a ocultar y redistribuir las utilidades provenientes de distintos delitos”.En este proceso también se vinculó a la exgobernadora encargada del Magdalena, Laura María Úsuga, a quien se le imputó el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La Sala de Primera Instancia del alto tribunal emitió sentencia absolutoria en su caso. “No se encontró demostrado que hubiera actuado con dolo en sus actuaciones frente a la licitación pública a la empresa Provitec Ltda.”, profirió la Corte.Además de la pena de 10 años y siete meses de prisión, el alto tribunal condenó a Díazgranados a pagar una multa equivalente a 12.931 salarios mínimos legales mensuales vigentes y lo inhabilitó para ejercer funciones públicas por el mismo tiempo de la pena privativa de la libertad. Asimismo, le negó los beneficios de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y de la prisión domiciliaria.