La asonada que terminó hace una semana en el secuestro de 57 militares en El Plateado (Cauca), posteriormente liberados en una operación de las autoridades, se enmarca en una escalada de 13 eventos de instrumentalización de comunidades para tratar de frenar las acciones de la Fuerza Pública en ese departamento.El primer bloqueo ocurrió el 7 de marzo, decenas de habitantes del cañón del Micay se movilizaron para exigir la salida del Ejército que avanza contra las disidencias. La protesta derivó en disturbios y en la retención de varios uniformados por la comunidad.Rescate de 57 militares secuestrados en el Cañón del Micay. Foto:Ministerio de DefensaSegún estadísticas del Ministerio de Defensa, entre enero y junio de este año se han presentado 19 casos de constreñimiento contra el Ejército en distintas regiones del país: 13 en Cauca, 4 en Nariño y 2 en el Meta. Estas asonadas –manifestaciones masivas que derivan en la obstrucción violenta de la acción de la Fuerza Pública– representan una creciente preocupación.Diana Sánchez, directora de Derechos Humanos y DIH del Ministerio de Defensa, reveló que, en total, desde 2021 hasta la fecha, las Fuerzas Militares han reportado 90 asonadas, de los cuales el 72 % ocurrieron en Cauca. En paralelo, la Policía Nacional fue blanco de 125 bloqueos solo en 2024.Estas acciones, según fuentes judiciales, buscan impedir que la Fuerza Pública capture a integrantes de grupos armados, erradique cultivos ilícitos o tome control de corredores estratégicos.Consejo de seguridad en Popayán para hablar sobre secuestro de 57 militares. Foto:Jesús Blanquicet/El TiempoEn entrevista con EL TIEMPO, el mayor general Erik Rodríguez, segundo al mando del Ejército Nacional, señaló: “Estos soldados también son colombianos. Decidieron ir a donde nadie más quiere ir, no para su beneficio personal, sino para construir patria y darle seguridad a esas comunidades”.El epicentro del conflicto sigue siendo el cañón del Micay, una zona montañosa de difícil acceso donde confluyen intereses estratégicos, cultivos ilícitos y rutas clave para las economías ilegales. Allí opera el frente ‘Carlos Patiño’ de las disidencias de las Farc, hoy bajo la sombrilla del ‘Estado Mayor Central’, cuyo jefe máximo es alias Iván Mordisco.El responsable directo del secuestro masivo, según informes de inteligencia conocidos por este diario, es Jhon Alexander Jiménez Marín, alias Zamora. Este hombre, cabecilla de la compañía ‘Fardey Díaz’, ha ganado protagonismo como figura clave dentro del conflicto en Cauca. Su principal área de influencia es El Plateado, desde donde ha expandido su control hacia veredas como San Juan de Mechengue y Honduras, consolidando un corredor vinculado a cultivos ilícitos.Alias faiber Foto:Inteligencia MilitarTambién está en la mira de las autoridades alias Faiber, comandante de la compañía ‘Fray León’ del mismo frente. Este último ha sido señalado como autor intelectual de atentados recientes, incluido el ocurrido en marzo pasado en el sector de Piedra Sentada (municipio del Patía), donde una moto cargada con explosivos fue activada contra una patrulla militar, dejando un soldado muerto y varios heridos.El general Federico Mejía, en entrevista con EL TIEMPO, aseguró que el temor de los campesinos radica en que se les dice que se trata de una lucha social que deben acompañar.“Las familias están molestas porque no es ninguna marcha o lucha cuando les toca salir amenazadas con fusiles de sus territorios. Quien no salga a acompañar esas movilizaciones deberán pagar 500.000 pesos diarios. Estas son las órdenes que emiten ‘Faiber’, ‘Zamora’ y ‘Giovanni’ en el cañón del Micay”, dijo Mejía.En el operativo que siguió al secuestro de los 57 militares, el Ejército capturó a cerca de 20 personas por su presunta participación en la retención. Sin embargo, en la audiencia de legalización, la Fiscalía no encontró pruebas suficientes para imputarles cargos. Entre los detenidos había 18 adultos y varios menores de edad. La falta de evidencia provocó que fueran puestos en libertad, lo que generó una ola de críticas.Soldados caminan por las calles del corregimiento. Foto:Cortesía Ejército.Por su parte, el ministro Pedro Sánchez afirmó: “Es una grave violación al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos. Acá también se utilizó a la población civil como escudo humano, poniendo en riesgo la vida de inocentes para impedir que nuestros militares brinden las condiciones de seguridad que permitan la llegada de inversión social, salud y oportunidades”.Y añadió que debe respetarse a los actores humanitarios, muchos de los cuales han tenido dificultades para ingresar a estas zonas. En 2024, la ONU ha verificado al menos 24 casos de negación de acceso humanitario.Según la Defensoría del Pueblo, el frente ‘Carlos Patiño’ ha intentado frenar la operación Perseo –adelantada por las Fuerzas Militares para recuperar el control territorial de El Plateado– mediante presión directa a la población. En zonas como Cabuyal, en el municipio de El Tambo, se han documentado intentos de reclutamiento forzado de menores. Gracias a la intervención de organizaciones comunitarias, algunos han sido recuperados antes de ser llevados a campamentos armados.El Plateado, Cauca Foto:Tercera División del EjércitoPara expertas como Juana Cabezas, de Indepaz, “la población está expuesta a una situación de alta vulnerabilidad porque queda estigmatizada como colaboradora. No tienen opción: o los sanciona el Estado, o los castiga el grupo armado”.Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte, asegura: “A los grupos armados no les molesta la presencia del Estado en lo urbano; lo que no toleran es su presencia en lo rural, que amenaza su renta ilícita. Como no pueden enfrentar directamente al Ejército, utilizan a las comunidades como barrera. Hay sanciones económicas, destierros, incluso asesinatos”.Eduardo Pizarro Leongómez, integrante de los diálogos de paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y las Farc, señaló que se debe insistir en procesos de paz con negociación, control territorial y debilitamiento de las rentas ilícitas.“El Gobierno optó por el camino de aprobar lo que se va negociando. Esto genera que los grupos armados tramiten recursos y se conviertan en figuras del poder local, ganando legitimidad sin entregar las armas. Ese modelo es absurdo, porque no tienen prisa de firmar un acuerdo de paz”, dijo.En medio de esta guerra sin cuartel, la comunidad vuelve a quedar atrapada en el fuego cruzado que no da tregua. Mientras las disidencias buscan frenar el avance militar con presión social, y el Estado responde con operativos y judicializaciones, el tejido social de regiones como El Plateado sigue desgarrándose. Fuentes de inteligencia indican que podrían presentarse nuevas asonadas en el segundo semestre de este año.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com