Las imágenes de celdas sobre ocupadas por una cantidad de internos que tienen menos de un metro cuadrado para vivir, principalmente en los centros de detención transitoria, es una de las tantas muestras de la crisis del sistema carcelario por el que la Corte dictó el Estado de Cosas Inconstitucional. Si bien la medida fue tomada en 2013, en 2022, al evidenciar el deterioro de los derechos de las personas privadas de la libertad, extendió la declaratoria.Una de las órdenes del alto tribunal para garantizar las necesidades básicas de esta población fue exhortar al Gobierno Nacional a asumir el servicio de alimentación de los detenidos, una responsabilidad que antes recaía en los entes territoriales.El Ministerio de Justicia, a través de la Uspec (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios), asumió esta tarea de manera transitoria hace dos años, atendiendo a al menos 16.000 capturados. Sin embargo, el plazo, por mandato constitucional, se vence el próximo 30 de junio. A partir del primero del siguiente mes, las alcaldías tendrían que volver a destinar de su presupuesto para atender a los detenidos en URIs y estaciones de policía. Allanando el camino para una transición sin mayores traumatismos, el Ministerio de Justicia, en cabeza de Ángela María Buitrago, hizo un requerimiento a los 125 municipios en los que la Uspec participa en la administración de los centros de detención transitoria, con el fin de evaluar cómo se están preparando para volver a tomar las riendas.Aún así, EL TIEMPO conoció que el llamado solo fue atendido por 65 jurisdicciones. “La ley obliga a los municipios a informar, con corte al 31 de diciembre de 2024, cuál es su situación actual y cómo asumirán, de ahora en adelante, el servicio de alimentación de sus detenidos”, le dijo a este diario la ministra Buitrago.”En total, 65 municipios nos respondieron. Tengo entendido que algunos más han enviado la contestación a la Procuraduría, que la remitirá al Ministerio. Pero, hasta el momento, son 65 los que confirmaron que asumirán la alimentación desde el primero de julio. Estimamos que estas jurisdicciones albergan entre 12.000 y 12.500 detenidos”, agregó.Entre estos municipios está Bogotá, que respondió al Ministerio que asumirá la alimentación de los detenidos, pero no de los condenados. Este ha sido un punto de quiebre en la crisis de hacinamiento en los centros de detención transitoria. En estos calabozos, diseñados para alojar a los detenidos por un corto periodo, permanecen durante años personas que incluso completan todo su proceso judicial y son condenadas.Bajo este contexto, para la ministra Buitrago este otrosí del alcalde Carlos Fernando Galán es cuestionable, ya que “el condenado solo puede considerarse como tal hasta que esté ejecutoriada la sentencia. Entonces la discusión es que no le brindará alimentación a quienes están bajo la condición de vigilancia y protección del distrito”, señaló.La incertidumbre con 50 municipiosEl otro porcentaje de los municipios no ha dado respuesta. El Ministerio toma con preocupación este mutismo, porque quiere decir que “no se sabe qué va a pasar con más de 2.000 detenidos que albergan”, recalcó Buitrago, quien les extendió la mano para ofrecerles un convenio mientras ajustan caja.Entre estos municipios, de acuerdo con la Ministra, están Valledupar, Riohacha, Barrancabermeja, Ibagué, Cúcuta, Armenia, Magangué, Caucasia, Mocoa, Ocaña y otros 40 más.Para mejorar la interlocución, el Ministerio ha tenido reuniones con la Procuraduría, la Contraloría, con los municipios y departamentos. La última se llevó a cabo el pasado 27 de febrero y, según la jefe de la cartera de Justicia, hay una clara intención del Gobierno de buscar soluciones. Eso sí, es reticente a la posibilidad de seguir asumiendo este gasto. “Como funcionarios públicos solamente podemos hacer lo que nos está permitido por ley, consignado en nuestras funciones. Los municipios tienen que cubrir la alimentación de sus detenidos. Yo no puedo, si se me ocurre, gastar el presupuesto en una tarea que no tengo ordenada. Tampoco seguir asumiendo obligaciones que no son del Ejecutivo. Se trata precisamente de articular y prestarle toda la ayuda a los entes territoriales”, dijo.Una vez se corte el flujo de recursos desde el nivel central, hay gran incertidumbre sobre la situación de los privados de la libertad ubicados en los municipios que no han dado pista de sus capacidades para atenderlos. No solo el ministerio, también la Contraloría ha hecho esta alerta porque, según las cuentas de la Ministra, cada detenido “come mensualmente 2.500.000 pesos”.Para buscar recursos, el Gobierno ha dialogado con varios gobernadores para que apoyen presupuestariamente a los alcaldes en esta función. “En algunos casos hemos recibido su respaldo; en otros, argumentan que no tienen recursos”, aseguró Buitrago.Otros puntos por afinarLa crisis del sistema penitenciario no solo se perpetúa por la escasez de recursos. También se apalanca en el lentejismo del sistema judicial y el periodo que tardan los procesos hasta condenar o absolver al indiciado. Con el hacinamiento superando el 100 % en los centros de detención transitoria en todo el país (según Minjusticia), también hay inconsistencias en los registros de ingresos.”Es inconcebible que una persona permanezca uno o dos años en centros de detención transitoria. Por ello, hemos trabajado en la necesidad de que la Policía registre información clave sobre los detenidos, como su identificación, el juzgado a cargo, la ubicación cercana a su domicilio y el motivo de su detención. Sin estos datos, el traslado de los detenidos resulta imposible”, dijo la Ministra.Precisamente, como se profieren sentencias todos los días, el Gobierno requiere de una actualización constante para poder trasladar a los detenidos condenados a los centros penitenciarios y asumir su atención. Sobre este punto también hace un duro llamado de atención.’La entrega de más competencias sin presupuesto adicional a las alcaldías siempre será una preocupación’En entrevista con EL TIEMPO el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, se refirió al escenario próximo asegurando que le genera preocupación “la entrega de más competencias sin presupuesto adicional a las alcaldías municipales”. Reveló que, junto con la Procuraduría, el pasado 12 de marzo emitió una alerta a los alcaldes, “requiriéndolos ante la inminente finalización, el 30 de junio de 2025, del suministro del servicio de alimentación por parte de la Uspec para las personas privadas de la libertad”.Con el llamado a lista, los organismos de control buscan evaluar de qué forma los entes territoriales están incluyendo en sus partidas presupuestales los gastos asociados a este suministro y garantizar que todos los requerimientos asociados a su operación estén cubiertos.”En la Contraloría General realizaremos la vigilancia para que los entes territoriales presenten sus planes de implementación, la articulación con el Ministerio de Justicia y puesta en marcha a partir de julio del presente año”, agregó el Contralor.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia